Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones que defienden los espacios públicos se manifestaron en el predio del Faro de la Memoria. Piden que los concejales no convaliden el proyecto presentado por el intendente.
Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones que defienden los espacios públicos se manifestaron hoy en el predio del Faro de la Memoria para rechazar el proyecto del intendente Carlos Arroyo de otorgarle a una asociación integrada por ex marinos el predio lindero al espacio donde funcionó un centro clandestino de detención.
La actividad consistió en un abrazo simbólico al predio y la instalación de carteles y banderas con consignas alusivas al rechazo que manifiestan. “La idea era visibilizar la situación para que la comunidad tome conocimiento de la propuesta de Arroyo”, resumió la representante de la Asamblea por los Espacios Públicos, Karina Huarte.
Además de difundir la situación, las organizaciones exigen que los concejales no convaliden el proyecto presentado por el intendente.
“Llamamos a los legisladores a no avalar la impunidad y a defender nuestra soberanía”, remarcaron.
El forma parte de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur. El Colectivo Faro de la Memoria expresó el “total rechazo a la intención del intendente de otorgar el mismo a un privado, quién no solo ha usurpado dicho espacio público para su uso y explotación, sin ningún tipo de permiso y durante un largo período de tiempo, sino también, ha desarrollado tareas en la Armada Argentina durante los años 1978/79 lapso durante el cual en estos terrenos apropiados por las fuerzas armadas funcionó un Centro Clandestino de Detención”.
Arroyo presentó semanas atrás al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para convalidar un convenio mediante el que la Municipalidad le otorga un permiso precario de uso y explotación de un inmueble ubicado en Avenida de los Trabajadores 5700 a la Asociación Civil Centro recreativo “Luis Piedrabuena”, integrada por ex marinos.
El convenio en cuestión fue firmado el 19 de marzo con un plazo de vigencia de cinco años prorrogable por igual duración. “La permisionaria utilizará dicho inmueble exclusivamente para realización de sus actividades: lúdicas, recreativas, de esparcimiento, terapéuticas, ocio, para distintas escuelas, centros de jubilados, pacientes y todos aquellos dispuestos a gozar de la belleza y del entorno del lugar”, indicó el gobierno entre los argumentos de la iniciativa.